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Prof. Joselito Guianan Chan's The Labor Code of the Philippines, Annotated Labor Standards & Social Legislation Volume I of a 3-Volume Series 2019 Edition (3rd Revised Edition)
 

 
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UNITED STATES SUPREME COURT JURISPRUDENCE
 

 
PHILIPPINE SUPREME COURT JURISPRUDENCE
 

   
March-1941 Jurisprudence                 

  • G.R. No. 47054 March 10, 1941 - PEOPLE OF THE PHIL. v. DIONISIO HERNANDEZ, ET AL.

    071 Phil 283

  • G.R. No. 47776 March 11, 1941 - DY PAC AND COMPANY v. KATIPUNAN NG MGA MANGGAGAWA SA KAHOY SA FILIPINAS, ET AL.

    071 Phil 285

  • G.R. No. 48054 March 11, 1941 - BENEDICTO AUSTRIA, ET AL. v. SOLICITOR GENERAL, ET AL.

    071 Phil 288

  • G.R. No. 47661 March 12, 1941 - BOHOL LAND TRANSPORTATION CO. v. BLT EMPLOYEES LABOR UNION

    071 Phil 291

  • G.R. No. 47430 March 13, 1941 - MACONDRAY & CO. v. ISABELA ABLAZA, ET AL.

    071 Phil 297

  • G.R. No. 47477 March 13, 1941 - TIMOTEA SAMBAAN v. GREGORIA VILLANUEVA

    071 Phil 303

  • G.R. No. 47772 March 13, 1941 - MONICO A. DIA v. FINANCE & MINING INVESTMENTS CORPORATION

    071 Phil 309

  • G.R. No. 47822 March 13, 1941 - EL PUEBLO DE FILIPINAS v. FRANCISCO BIHAG

    071 Phil 313

  • G.R. No. 47870 March 13, 1941 - GOVERNMENT OF THE PHIL. v. ENRIQUE ECHAUS, ET AL.

    071 Phil 318

  • G.R. No. 47337 March 14, 1941 - ANDRES SOLER v. JOSE FUENTEBELLA, ET AL.

    071 Phil 322

  • G.R. No. 47467 March 14, 1941 - OSAKA BOEIKI KAISHA, INC. v. LEONARDO GUISON, ET AL.

    071 Phil 328

  • G.R. No. 47682 March 14, 1941 - EL PUEBLO DE FILIPINAS v. CONCEPCION PAGAYON

    071 Phil 337

  • G.R. No. 47714 March 14, 1941 - LOURDES RIVERO DE ORTEGA v. FELIPE NATIVIDAD

    071 Phil 340

  • G.R. No. 47774 March 14, 1941 - MAGDALENA ESTATE, INC. v. LOUIS J. MYRICK

    071 Phil 344

  • G.R. No. 47815 March 14, 1941 - FLORENTINO CRUZ v. EL PUEBLO DE FELIPINAS

    071 Phil 350

  • G.R. No. 47832 March 14, 1941 - EL PUEBLO DE FILIPINAS v. JESUS DE LA CRUZ

    071 Phil 353

  • G.R. No. 47963 March 14, 1941 - HIJOS DE F. ESCANO v. JOAQUIN LAO GOO

    071 Phil 355

  • G.R. No. 47401 March 15, 1941 - CENTRAL REPUBLIC BANK & TRUST CO. v. P. L. BUSTAMANTE

    071 Phil 359

  • G.R. No. 47900 March 15, 1941 - ANTONIO SALOMON, ET AL. v. SEVERA BOCAUTO, ET AL.

    071 Phil 363

  •  




     
     

    G.R. No. 47682   March 14, 1941 - EL PUEBLO DE FILIPINAS v. CONCEPCION PAGAYON<br /><br />071 Phil 337

     
    PHILIPPINE SUPREME COURT DECISIONS

    EN BANC

    [G.R. No. 47682. March 14, 1941.]

    EL PUEBLO DE FILIPINAS, querellante-apelado, contra CONCEPCION PAGAYON, acusada-apelante.

    D. Vicente del Rosario en representacion de la apelante.

    El Procurador General Sr. Ozaeta y el Procurador General Auxiliar Sr. Amparo en representacion del Gobierno.

    SYLLABUS


    1. DERECHO PENAL Y PROCEDIMIENTO CRIMINAL; ESTAFA; CASO DE AUTOS. — En los delitos de estafa no se determina la gravedad de los mismos por el valor de lo que se deja de entregar o devolver a la parte defraudada despues de iniciada la accion penal mediante la presentacion de una denuncia o querella, sino por el valor de lo que no se le entrega o devuelve al surgir la obligacion de hacerlo, y antes de que se inicie la accion penal. Hay defraudacion y hay estafa desde que uno distrae o se apropia de cosas muebles que recibe en deposito o baio las condiciones ya dichas, y no restituye las mismas o no paga su valor a su dueno; y la cuantia de lo estafado y la pena que procede imponer entonces, se determinan por el valor que tuneren dichas cosas. Por consiguiente, vista la cuestion desde este angulo, la estafa cometida por la apelante es de P3,722.75 y no P3,732.75 como erroneamente se alego en la querella, ni P2,669.75 que es el resultado que se obtiene restando de P3,722.75 la cantidad de P1,053 que ultimamente pago la apelante a Maxima LaDeral de Guzman.


    D E C I S I O N


    DIAZ, M. :


    La apelante fue convicta del delito de estafa por el Juzgado de Primera Instancia de Manila, porque, habiendo recibido de Maxima Laperal de Guzman P10,250.96 en alhajas para venderlas y ganarse asi una comision, pero, obligandose a devolver las que no pudiese vender y entregar el producto de la venta de las que vendiere, solo entrego a su duena la cantidad de P6,528.20 dejando de dar cuenta del resto, el cual ascendia a P3,722.75 y no P3,732.75 como se dijo equivocadamente en la querella, en la fecha en que esta fue presentada en el Juzgado. Algunos dias despues, entrego a la duena de las referidas alhajas la cantidad de P1,053 quedando de ese modo reducida su obligacion civil a pagar a aquella la cantidad de P2,669.75 (no P2,679.75) si no podia devolver las alhajas que valian dicha cantidad.

    Cuando fue informada de la querella, conocidos ya los hechos que quedan relatados, la apelante confeso voluntariamente su delito. El Juzgado la declaro, en su consecuellcia, culpable del delito de estafa y la condeno a sufrir seis meses de arresto mayor, a pagar a Maxima Laperal de Guzman, duena de las referidas alhajas, una indenmidacion de P2,679.75 o sufrir en caso de insolvencia la prision subsidiaria correspondiente, y a pagar finalmente las costas del proceso.

    Creyendo excesiva la pena que se le impuso, la apelante recurrio a este Tribunal arguyendo que el Juzgado a quo incurrio en el error de considerar los hechos alegados en la querella como constitutivos del delito de estafa no siendolo, segun ella, y en el error de imponerle el grado maximo de arresto mayor siendo asi que la pena apropiada en vista de haber probado dos circunstancias atenuantes que son la de presentacion voluntaria a las autoridades y la de confesion tambien voluntaria, es el grado medio de arresto mayor, o sea, dos meses y un dia a cuatro meses.

    Es manifiestamente infundado el primer error que la apelante atribuye al Juzgado a quo, porque el articulo 315, caso 1, parrafo (b) del Codigo Penal Revisado declara culpables de estafa a los que defraudaren a otro apropiandose o distrayendo en perjuicio de el, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble — y son de esta naturaleza las alhajas — que hubieren recibido en deposito, comision, o administracion, o por otro titulo que produzca obligacion de entregarla o devolverla, aunque estuviese afianzada total o parcialmente. Lo alegado en la querella encaja indudablemente en la citada disposicion de la ley.

    En los delitos de estafa no se determina la gravedad de los mismos por el valor de lo que se deja de entregar o devolver a la parte defraudada despues de iniciada la accion penal mediante la presentacion de una denuncia o querella, sino por el valor de lo que no se le entrega o devuelve al surgir la obligacion de hacerlo, y antes de que se inicie la accion penal. Hay defraudacion y hay estafa desde que uno distrae o se apropia de cosas muebles que recibe en deposito o bajo las condiciones ya dichas, y no restituye las mismas o no paga su valor a su dueno; y la cuantia de lo estafado y la pena que procede imponer entonces, se determinan por el valor que tuvieren dichas cosas. Por consiguiente, vista la cuestion desde este angulo, la estafa cometida por la apelante es de P3,722.75 y no P3,732.75 como erroneamente se alego en la querella, ni P2,669.75 que es el resultado que se obtiene restando de P3,722.75 la cantidad de P1,053 que ultimamente pago la apelante a Maxima Laperal de Guzman.

    Pues bien; los delitos de estafa de la cuantia indicada estan castigados por el articulo 315, parrafo 3. , del Codigo Penal Revisado con arresto mayor en su grado maximo a prision correccional en su grado minimo, es decir, de cuatro meses y un dia a dos anos y cuatro meses. Habiendo estimado el Juzgado a quo a favor de la apelante la circunstancia atenuante de confesion que es la unica que se probo en juicio, pues no consta en ninguna parte que se haya presentado voluntariamente a las autoridades, como ella pretende, no pudiendo considerarse que supone la existencia de esta circunstancia, el hecho de haber ella obtenido libertad bajo fianza antes de que se le pudiese arrestar, porque se puede obtener fianza mediante otros, sin necesidad de presentarse el interesado principal ante el Juzgado, el unico beneficio a que la apelante tiene derecho es el de no ser eondenada a un grado mayor que el de minimo. Esta precisamente comprendida dentro de este grado la pena impuesta a la apelante, lo cual demuestra que la sentencia apelada esta ajustada a la ley.

    Por tanto, confirmanos la referida sentencia, con las costas a la apelante.

    Imperial, Laurel, Moran y Horrilleno, MM., estan conformes.

    G.R. No. 47682   March 14, 1941 - EL PUEBLO DE FILIPINAS v. CONCEPCION PAGAYON<br /><br />071 Phil 337




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