November 1946 - Philippine Supreme Court Decisions/Resolutions
Philippine Supreme Court Jurisprudence
Philippine Supreme Court Jurisprudence > Year 1946 > November 1946 Decisions >
G.R. No. L-781 November 29, 1946 - CEFERINO M. REGALA v. EL JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BATAAN
077 Phil 698:
077 Phil 698:
EN BANC
[G.R. No. L-781. November 29, 1946.]
CEFERINO M. REGALA, recurrente, contra EL JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE BATAAN, recurrido.
Sres. Hernandez y Laquian, representacion del recurrente.
El Juez recurrido, en su propia representacion.
SYLLABUS
1. FUNCIONARIOS PUBLICOS; JUEZ "DE FACTO" ; DESAPROBACION DE NOMBRAMIENTO; FALTA DE CONOCIMIENTO; VALIDEZ DE ACTUACIONES OFICIALES. — Un Juez que desempeña su cargo antes de enterarse de la desaprobacion de su nombramiento es un juez de facto. Todas sus actuaciones oficiales, como juez de facto, son tan validas para todos los fines legales y para to da clase de asuntos, como las de un juez de jure.
2. PROCEDIMIENTO CRIMINAL; QUERELLA; ENMIENDA DE FORMA; CASO DE AUTOS. — La inclusion de dos acusados y la adicion de las palabras: "by conspiring, confederating and helping one another" en la querella enmendada es una enmienda de forma. En la primera querella se acusa al recurrente de autor y en la enmendada de coautor, pero su responsabilidad es la misma en ambas. El cambio solo se refiere a la forma de ejecucion del delito; pero no a la sustancia del delito mismo. La forma de ejecucion es mas bien materia de pruebas y no de alegaciones, y los detalles alegados en la querella enmendada pudieron haberse probado bajo la querella original.
3. ID.; ID.; ENMIENDAL; ERROR AL PERMITIR, DE PPOCEDIMIENTO, CORRECCION EN APELACION, NO EN CERTIORARI. — Si el Juez actuo con infracction o no del Reglamento al permitir la enmienda fue a lo mas un error de procedimiento, y no un abuso de discrecion, ni exceso o falta de jurisdiction. Tal error, si lo es en realidad, puede ser corregido en apelacion, despuesde dictada sentencia definitiva en primera instancia, y no en una accion de certiorari.
4. CERTIORARI; CUANO PROCEDE. — Solamente procede el remedio de certiorari cuando un tribunal, en el ejercicio de sus funciones judiciales, haya actuado sin jurisdiccion o con exceso de ella o con grave abuso de discrecion y que, en la tramitacion ordinaria, no tiene el recurrente el remedio sencillo y expedito de apelacion (Regla No. 67, articulo 1). Si por cada error cometido por un juzgado inferior se permitiese corregirlo por medio del recurso de certiorari, los asuntos serian interminables.
2. PROCEDIMIENTO CRIMINAL; QUERELLA; ENMIENDA DE FORMA; CASO DE AUTOS. — La inclusion de dos acusados y la adicion de las palabras: "by conspiring, confederating and helping one another" en la querella enmendada es una enmienda de forma. En la primera querella se acusa al recurrente de autor y en la enmendada de coautor, pero su responsabilidad es la misma en ambas. El cambio solo se refiere a la forma de ejecucion del delito; pero no a la sustancia del delito mismo. La forma de ejecucion es mas bien materia de pruebas y no de alegaciones, y los detalles alegados en la querella enmendada pudieron haberse probado bajo la querella original.
3. ID.; ID.; ENMIENDAL; ERROR AL PERMITIR, DE PPOCEDIMIENTO, CORRECCION EN APELACION, NO EN CERTIORARI. — Si el Juez actuo con infracction o no del Reglamento al permitir la enmienda fue a lo mas un error de procedimiento, y no un abuso de discrecion, ni exceso o falta de jurisdiction. Tal error, si lo es en realidad, puede ser corregido en apelacion, despuesde dictada sentencia definitiva en primera instancia, y no en una accion de certiorari.
4. CERTIORARI; CUANO PROCEDE. — Solamente procede el remedio de certiorari cuando un tribunal, en el ejercicio de sus funciones judiciales, haya actuado sin jurisdiccion o con exceso de ella o con grave abuso de discrecion y que, en la tramitacion ordinaria, no tiene el recurrente el remedio sencillo y expedito de apelacion (Regla No. 67, articulo 1). Si por cada error cometido por un juzgado inferior se permitiese corregirlo por medio del recurso de certiorari, los asuntos serian interminables.
D E C I S I O N
PABLO, M. :
El lecurrente es acusado en la causa criminal No. 4307 del Juzgado de Primera Instancia de Bataan por el delito de asesinato. En mayo 20, 1946 fue informado de la queuella y se declaro no culpable. Los testigos, segun aquella, eran Wenceslao Cruz, Conrado Mañalac y otros.
En junio 6, dia designado para la vista, el Fiscal Provincial en vez de aducir sus pruebas presento una querella enmendada incluyendo como acusados a los testigos nombrados en la querella, Wenceslao Cruz y Conrado Mañalac. En esta segunda querella se alego que entre el recurrente y sus dos co-acusados hubo conspiracion, confederacion y ayuda mutua para cometer el delito. Admitida por el juzgado la querella enmendada el Fiscal Provincial presento inmediatamente una moncion en la que pidio el sobreseimiento de la querella en cuanto a los acusaods Conrado Mañalac y Wenceslao Cruz para ser utilizados como testigos de la acusacion, alegando las cinco condiciones que require el articulo 9, Regla 115. A esta peticion accedio el Juez en su orden de 6 de junio de 1946.
En junio 14 el recurrente presento el aviso de apelacion contra dicha orden, y fue denegada el 19 del mismo mes.
En junio 26 el recurrente presento una mocion de reconsideracion que fue denegada en 11 de julio.
Alegado estos hechos, el recurrente presento su peticion original de certiorari pidieno que sean anuladas por este Tribunal las ordenes de 6 de junio y 11 de julio de 1946 del Juzgado de Primera Instancia de Bataan.
El recurrente alega que si se diese curso a su citada apelacion se causaria irreparable daño a sus derechos sustancials porque no tiene otro remedio facil, sencillo y adecuado. En caso de condera, el acusado puede los apelar y en el juzgado ad quem puede discutir todos los errores cometidos por el juzgado inferior. Es el remedio ordinario que concede la legislacion vigente.
El recurrente alega que la orden del juez de 11 de julio denegando la mociion de reconsideracion es nula y de ningun valor porque dicho juez obro sin jurisdiction, pues su nombramientono ha sido aprobado por la Commission de Nombramlentos, segun publico un periodico de la misma fecha. No consta en autos que el juez haya tenido conocimiento de tal desaprobacion antes de dictar su orden, impugnada de ilegal. Un juez que desempeiia su cargo antes de enterarse de la desaprobacion de su nombramiento es un juez de facto. Todas sus actuaciones oficiales, como juez de facto, son tan validas para todos los fines legales y para toda clase de asuntos, como las de un juez de jure. (Tayko contra Capistrano, 53 Jur. Fil., 923.)
El recurrente y los disidentes arguyen que el juez, alpermitir la inclusion de dos acusados y la adicion de las palabras: "by conspiring, confederating and helping one another" en la querella enmendada, abuso de su discrecion con infraccion del articulo 13, Regla 106 porque se trata de una enmienda substancial. No creemos que esa enmienda sea tal. En la primera querella se acusa al recurrente de autor y en la en la enmendada de coautor, pero su responsabilidada es la misma en ambas. El cambio solo se refiere a la forma de ejecucion del delito; pero no a la substancia del delito mismo. la forma de ejecucion es mas bien materia de puebas y no de alegaciones, y los detalles alegados en la querella enmendada pudieron haberse probado bajo la querella original.
"Los solicitantes en este expediente de certiorari, accusados en una querella por assesinto, alegada que el juzgado se excedio de su jurisdiccion y abuso de ela al permitir la enmienda de la querella. En la querella eriginal se alegaba que Bruno Arevalo iba armundo de cortaplumas y Cecilio Erevalo de revolver. En la querella enmendada, que fue admitida, se alega que Bruno Arevalo era el que llevaba el revolver y Cecilio Arevalo el cortapluman.
En opinion, el juzgado no abuso de su discrecion. La enmienda de la querella era meramente de forma. No afecta ni altera la naturaleza del delito, pues, sea Bruno o Cecilio el que haya causado la herida mortal, el delito seria el mismo. Tampoco afecta a la extenxion de la responsabilidad de los solicitantes, toda vez que, alegandose en la querella que ambos acusados conspiraron y se ayudaron el uno otro para cometer el delito, serian resposables en la misma medida, sea uno u otro el que infirio la herida que produjo la muerte del occiso. Es, por tanto una enmienda puramente de forma que no altera sustancialmente la querella no afecta a los derechos de los acusados." (Arevalo y Arevalo contra Nepomuceno, 63 Jur., Fil., 665.)
Ademas, si el juez actuo con infraccion o no del Reglamento fue a lo mas un error de procedimiento, y no un abuso de discrecion, ni exceso o falta de jurisdiccion. Tal error, si lo es en realidad, puede ser corregido en apelacion, despues de dictada sentencia definitiva en primera instancia, y no en una accion de certiorari.
Solamente procede el remedio de certiorari cuando un Tribunal, en el ejercicio de sus funciones judiciales, haya actuado sin jurisdiccion o con exceso de ella o con grave abuso de discrecion y que, en la tramitacion ordinaria, no tiene el recurrente el remedio sencillo y expedito de apelacion (Regla 67, articulo 1). Si por cada erlor cometido por un Juzgado inferior se permitiese corregirlo por medio del recurso de certiorari, los asuntos serian interminables.
Se deniega la solicitud con las costas contra el recurrente.
Moran, Pres., Paras, Bengzon y Padilla, MM., estan conformes.
FERIA, J., concurring:chanrob1es virtual 1aw library
I concur in the result for the following reasons:chanrob1es virtual 1aw library
According to section 1, Rule 67, certiorari lies when a tribunal or officer exercising judicial functions has acted without or in excess of its jurisdiction, or with grave abuse of discretion, and there is no appeal nor any plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law.
There is no doubt that appeal does not lie against an order of a court admitting or denying the amendment of a complaint or information, because such order is incidental or interlocutory and not final in character, that is, it does not put an end to the ordinary proceedings of the case in court. Interlocutory or incidental order may be impugned as erroneous in the appellate court, when appeal is taken from the Judgment or order of the lower court which is final in character.
The question to determine, therefore, is whether or not the respondent judge acted (a) without or in excess of the courts jurisdiction, or (b) with grave abuse of discretion, m allowing the amendment of the information in this case.
(a) As to the first question, it is a well known rule that a court having jurisdiction over the offense charged and the territory wherein it was committed, has also jurisdiction to decide all questions incidental to the criminal proceeding, such as the sufficiency of a complaint or information, the authority of the fiscal to file or amend an information, or whether the defendant has been previously convicted or in jeopardy of being convicted or acquitted of the offense charged, or is insane. If the decision or resolution on such questions is not in conformity with or against the law, the court would commit an error, but not exceed its jurisdiction. A judge would act in excess of the court’s jurisdiction if he performs or does an act which he has no power or authority to do, in connection with the proceeding over which the court has jurisdiction. But to decide erroneously a question which it is within the court’s jurisdiction to decide, is not acting beyond or in excess of its jurisdiction. To hold otherwise would to be sustain the absurdity that a court acts within its jurisdiction if it decides a case in conformity with the law, and in excess of its jurisdiction if its decision is erroneous or contrary to law.
From the foregoing, it necessarily follows that the decision or order of the respondent judge allowing the amendment of the information after the defendant petitioner has pleaded would be erroneous if it is an amendment of substance and not of form, but it would not be an act beyond of in excess of the court’s jurisdiction, because the court has power or jurisdiction to decide that question. The respondent judge has not, therefore, acted without or in excess of the court’s jurisdiction in allowing the amendment of the information, however erroneous that resolution may be.
(b) With respect to the second, it goes without saying, for it is of common sense, that if a person has no power to do an act, and therefore no discretion to do or not to do it, it cannot be said that he has acted within, or with grave abuse of, his discretion in doing or not doing it. No one may abuse a thing that he does not have. If the respondent judge has no discretion to act in one way or another, as in the present case, he could nor have acted with grave abuse of discretion, for he can not abuse a discretion which he does not have.
Therefore the question is reduced to whether or not the court has power to allow the amendment in substance of an information father the defendant has pleaded. If it has no power to permit such amendment, it does have discretion to allow it or not because discretion supposes power to do.
Section 13, Rule 106 of the Rules of Court, provides:jgc:chanrobles.com.ph
"SEC. 13. Amendment. — The information or complaint may be amended, in substance or from, without have of court, at any time before the defendant pleads; and thereafter and during the trial as to all matters of from, by leave and the discretion of the court, when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant."cralaw virtua1aw library
According to the above quoted provisions, after the defendant has pleaded, the court has power and discretion to allow the amendment of an information or complaint in matters of from, but not in matters of substance. The court no power to allow amendment in substance it could not have discretion to allow it or not, and hence it could not have acted with grave abuse of discretion, which the court did not have. Therefore, the respondent judge has not acted with grave abuse of discretion in admitting the amendment, even assuming that the amendment is of substance.
Wherefore, certiorari does not lie in the present case, and the petition s denied.
Tuason, J., concurs.
HILADO, J., dissenting:chanrob1es virtual 1aw library
I dissent.
Paragraph 6 of the petition alleges that on May 20, 1946, petitioner was arraigned upon the information first filed by the Provincial Fiscal under date of May 6, 1946. In that original information the act imputed upon the petitioner, and upon him alone was that of having killed one Efrain by shooting with a firearm. After petitioner had thus been arraigned, the Provincial Fiscal presented had thus been information dated June 5, 1946, charging three persons, namely, petitioner Ceferino M. Regala, one Conrado Mañalac and one Wenceslao Cruz with the act of having killed Efrain Brillo by shooting with a firearm, the amended information charging that said three accused conspired, confederated and helped one another in thus killing Efrain Brillo.
Paragraph 5 of the respondent’s answer expressly admits that petitioner had already pleaded not guilty to the original information when the respondent court ordered the discharge of the two defendants Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz. That discharge was so ordered upon the Provincial Fiscal’s motion of June 5, 1946, quoted in paragraph 8 of the petition.
It, therefore, appears that the amendment of the information was made by the Provincial Fiscal and allowed by the respondent court after the defendant court after the defendant (now petitioner) had plead not guilty to the original information.
Was the amendment merely formal, or was it substantial? To charge a person with having alone killed another is not the same as to charge him and two others with the killing. That the first act is substantially — nay, essentially — different from the second is to my mind too obvious to require argument. The first is the act of only one individual while the second is the act of three. The first act, if duly proven, will produce the conviction of only one person; while the second, if duly established, will result in the conviction of three. To say that the act one person is substantially the same as the act of three persons, would virtually be tantamount to saying that one and three are the same. How, then, can the first and the second acts be substantially the same? Consequently, in the amended information petitioner was charged with an act entirely different and distinct from that charged against him in the original information. Hence, the amendment was not merely in form but in substance. The subsequent discharge of the accused Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz could not, of course, alter the principle.
The amendment does not refer merely to the form of execution of the crime. If the one executing were the same person in both cases, then the statement would be correct. But such is not the situation here — Ceferino M. Regala, Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz, the alleged perpetrators of the crime according to the amended information, are not the same as Ceferino M. Regala, the sole offender according to the original information.
To further support their thesis, the majority affirm that the form of execution is rather a matter of evidence than of allegations, and that the details alleged in the amended information could have been proven under the original information. We beg to point out the weakness of the argument: by proving the so-called details under the original information the conviction of the three killers could never have been attained for the simple reason that two of them were not being prosecuted under said original information; while by proving the allegations of the amended information (to test the strength of the argument we must suppose that Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz were not discharged) the conviction of all three defendants would have been secured. This difference between the two hypotheses spells the difference between the original and amended informations, a difference which necessarily involves a substantial change in the charge. The charge under the amended information is no less substantially different from the charge contained in the original information than the difference between three and one. The case of Arevalo and Arevalo v. Nepomuceno (63 Phil., 627), is not in point. There the accused under the original and amended informations were the same two persons, Bruno Arevalo and Cecilio Arevalo, the only difference in the allegations consisting in the detail of which one of them was armed with a penknife and which was armed with a revolver, but in the original information, as well as in the amended one, the accused were the self-same two persons. There it was rightly said that whether Bruno was armed with a penknife and Cecilio with a revolver or vice versa, since they were charged with having conspired and helped each other in the commission of the crime, both could be convicted to the same extent in one or the other case.
In the case at bar, if it had been alleged in the amended information that the accused Regala ordered Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz to kill Efrain Brillo and only the said Regala was charged with the crime, it might be contended with stronger with reason that the change was merely in the form of execution. But such is not the case, as already demonstrated above.
Another substantial amendment involved in the change from the original to the amended information is the augmentation of the jeopardy or danger of punishment to which the accused was subjected. Under the original information, in order to convict him, the evidence must establish beyond reasonable doubt that he, by his own direct act, killed the victim. Under the amended information, after proof of conspiracy between him and his two co-accused, he could be convicted as co-author of the crime even without proof of his having personally and directly killed or physically participated in the killing of the victim, if sufficient evidence were adduced proving that the other two or anyone of the other two accused committed the direct act to killing. The amendment which gives rise to this difference of danger of punishment can not in any rational sense be called merely formal.
Neither can I agree with the view of the majority that we are here concerned at most with an error of procedure, and to an abuse of discretion. Neither can I subscribe to the corollary of said proposition, that the is only chargeable by appeal and not through certiorari. That we are dealing with the exercise — according to my theory, with a grave abuse — of the Court’s discretion, is patent from the provision of Rule 106, section 13 which says that after plea and during the trial the information or complaint may be amended as to all matters of from (and may I add, as to matters of from only) by leave and "at the discretion of the court," when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant.
Rule 106, section 13, in proving that after plea and during the trial the information or complaint may be amended "as to all matters of form," by leave and at the discretion of the court, when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant, necessarily denies all power and discretion to the court, at that stage of the proceedings, to allow any amendment in substance.
The present Chief Justice of this court, in his Commentaries on the Rules of Court (Vol. II, ed., p. 389), in part says:jgc:chanrobles.com.ph
"Under this section, the amendment of the complaint or information, either in substance or in form, is as to the plaintiff, practically a matter of right, if made before the defendant pleads; thereafter, amendments are at the discretion of the court and then only as to matters of form. . . ." (Emphasis supplied.)
This leads to the conclusion that the respondent court acted with grave abuse of his discretion in allowing the amendment in question.
And I of opinion, with all due respect to the majority, that this action of the lower court may and should be corrected by certiorari.
But it is said that appeal was the proper remedy. I understand this to mean that the accused, now petitioner, should go into trial under the amended information, await judgment and, if convicted, appeal therefrom, and only upon such appeal should he be allowed to complain against the error which, to may mind, was palpably committed by three respondent court. Supposing that upon that appeal it should be decided that the error was really committed by the trial court. What then would the appellate court do? To correct the error, it must declare that the amended information was erroneously admitted; and that the trial court had gravely abuse its discretion in so admitting said pleading. In such a case the amended information with necessarily be held illegally admitted; and I can not see how the appellate court can then avoid declaring invalid all the proceedings had thereunder, and to which the accused will have been so injuriously subjected.
The error under consideration is of such nature by reason of its incidence, that, if it should be declare to have been committed, all the proceedings had under the amended information would have to be annulled and the case would need a re-trial. Such an error should, I think, be distinguished from an error corigible upon appeal without need of annulling the proceedings in the court below and remanding the case for re-trial. The first kind of error strikes at the very foundation of the proceedings below, while the second merely concerns details of such proceedings. In the first, appeal will far short of being a speedy and adequate remedy; in the second, it will not. It is in cases of the first class only where I think certiorari is the proper remedy. All other cases would fall under the second class, and we can safety say they constitute by far the greater number.
We must remember that this is not a civil case — it is a criminal prosecution for murder, during the progress and pendency of which — it may well last over one year — the accused, who is presumed to be innocent until validly convicted, will be subjected to the moral and nervous torture incident to the nature of the case, and even his personal liberty may be adversely affected if he be denied bail.
In view of the foregoing considerations, I submit that appeal would fall far short of being a speedy and adequate remedy for this petitioner.
If the amended information is held to be invalid for having been erroneously admitted, there should be no fear that this accused would go unpunished without trial. In such a case the amended information being invalid, the original information must be deemed never to have been superseded thereby and, therefore, still stands. The accused should then be prosecuted under the said original information. But if this court should hold that a mistake has been made in charging the proper offense in the original information, then in that case the Court of First Instance should be directed to dismiss the original information and order the filing of a new one charging the proper offense, provided the defendant would not be thereby placed in double jeopardy, pursuant to Rule 106, section 13, second paragraph.
I think petitioner is entitled to the writ of certiorari that he seeks, and that this court should annul the action of the respondent court in admitting the amended information and all proceedings had thereafter with the proper instructions.
Perfecto, J., concurs.
BRIONES, M., disidente:chanrob1es virtual 1aw library
El articulo 13, Regla 106, del Reglamento de los Tribunanales, prescribed lo siguinte:jgc:chanrobles.com.ph
"SEC. 13. Amendment. — The information or complaint may be amended, in substance or form, without leave of court, at any time before the defendant pleads; and thereafter and during the trial as to all matters of form, by leave and at the discretion of the court, when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant."cralaw virtua1aw library
Resulta evident, de lo transcrito, que despues de haber contestado el acusado a la querella, esta no puede enmendarse sustancialmente, en su fondo, sino solo en cuestion de forma, previo permiso del tribunal, y aun ello solamente cuando puedo hacerse sin perjuicio de los derechos del acusado. La cuestion, pues, que tenemos que determinar en le presente caso es (1) si la reforma de la querella, hecha despues de formulada por el acusado la contestacion de "no culable," es o no sustancial; y (2) si dicha reforma puede o no perjudicar los derechos del acusado.
No cabe duda de que la enmienda en cuestion es sustancial, de fondo. Evidentemente el Fiscal reformo la que rella, en el sentido de incluir como acusados a Conrado Mañalac y Wenceslao Cruz v alegando que estos conspiraron con el recurrente, Ceferino Regala, para cometer el delito de asesinato, a fin de pedir inmediatamente el sobreseimiento de la causa contra los nuevos acusadostestigos de cargo contra dicho Regala. Efectivamenete, esto fue lo que hizo el Fiscal, y en consecuencia el juzgado ordeno el sobreseimiento pedid decretando la liberacion de los nuevos acusados y habilitandolos de esta manera para ser testigos de la acusacion.
No es dificil imaginarse la situacion del Fiscal. Sin los nuevos acussados como testigos de cargo, probablemente tuviera un caso muy flojo contra Regala. Esto, por un lado. Por otro, se debe presumir que Conrado Mañalac y Wenceslao Cruz no estarian dispuestos a declarar a favor da la acusacion inciminadonse a si mismo, a menos que fuesen liberados previamente de toda responsabilidad al tenor del articulo 9, Regla 115, del Reglamento de los Tiribunales. De ahi que el Fiscal se haya visto obligado a reformar la querella en el senticado. �Como ha de ser, pues, de mera forma una enmienda que cambia tan radicalmente las posiciones juridicas respectivas del acusado y de la prosecucion?
Que la enmienda es perjudicial a los derechos del recurrente, es cosa que salta a la vista. Por virtud de esa enmienda, que permite al Fiscal amparar a Mañalac y Cruz con la coraza de la inmunidad, el recurrente tiene ahora que encararse con dos testigos que pueden pesar decisivamente en el resultado de la causa contra el.
Se arguye, sin embargo, que el remedio procedente no se al arguye, sin embargo, que el remedio procedente no es el certiorari, sino la apelacion, cuando la causa se termine de modo adverso al acusado. Creo que esto es un error. Es doctrina firmemente establecida que el certiorari procede, aun cuando sea factible la apelacion, cuando esta no ofrece un remedio expedito y adecuado. Tal es el caso que nos ocupa. El abuso de discrecion cometido el tribunal inferior puede afectar y trastornar radicalmente el plan de defensa del acusado; asi que le interesa a este prevenir el dano antes de que ocurra, y esto solamente se puede cogseguir por medio de un recurso rapidio y eficaz como el certiorari. La apelacion seria, a lo mas, un remedio curativo, pero tardio, cuando el dano a los derechos del acusado ya se habria consumado, acaso irreparablemente. Entre ambas terapeutics — la preventiva y la curativa — la primera es indublemente la mejor, no solo en medicina, sino en todos los ordenes de la vida.
Creo, pues que el remedio solicitado debe concederse.
En junio 6, dia designado para la vista, el Fiscal Provincial en vez de aducir sus pruebas presento una querella enmendada incluyendo como acusados a los testigos nombrados en la querella, Wenceslao Cruz y Conrado Mañalac. En esta segunda querella se alego que entre el recurrente y sus dos co-acusados hubo conspiracion, confederacion y ayuda mutua para cometer el delito. Admitida por el juzgado la querella enmendada el Fiscal Provincial presento inmediatamente una moncion en la que pidio el sobreseimiento de la querella en cuanto a los acusaods Conrado Mañalac y Wenceslao Cruz para ser utilizados como testigos de la acusacion, alegando las cinco condiciones que require el articulo 9, Regla 115. A esta peticion accedio el Juez en su orden de 6 de junio de 1946.
En junio 14 el recurrente presento el aviso de apelacion contra dicha orden, y fue denegada el 19 del mismo mes.
En junio 26 el recurrente presento una mocion de reconsideracion que fue denegada en 11 de julio.
Alegado estos hechos, el recurrente presento su peticion original de certiorari pidieno que sean anuladas por este Tribunal las ordenes de 6 de junio y 11 de julio de 1946 del Juzgado de Primera Instancia de Bataan.
El recurrente alega que si se diese curso a su citada apelacion se causaria irreparable daño a sus derechos sustancials porque no tiene otro remedio facil, sencillo y adecuado. En caso de condera, el acusado puede los apelar y en el juzgado ad quem puede discutir todos los errores cometidos por el juzgado inferior. Es el remedio ordinario que concede la legislacion vigente.
El recurrente alega que la orden del juez de 11 de julio denegando la mociion de reconsideracion es nula y de ningun valor porque dicho juez obro sin jurisdiction, pues su nombramientono ha sido aprobado por la Commission de Nombramlentos, segun publico un periodico de la misma fecha. No consta en autos que el juez haya tenido conocimiento de tal desaprobacion antes de dictar su orden, impugnada de ilegal. Un juez que desempeiia su cargo antes de enterarse de la desaprobacion de su nombramiento es un juez de facto. Todas sus actuaciones oficiales, como juez de facto, son tan validas para todos los fines legales y para toda clase de asuntos, como las de un juez de jure. (Tayko contra Capistrano, 53 Jur. Fil., 923.)
El recurrente y los disidentes arguyen que el juez, alpermitir la inclusion de dos acusados y la adicion de las palabras: "by conspiring, confederating and helping one another" en la querella enmendada, abuso de su discrecion con infraccion del articulo 13, Regla 106 porque se trata de una enmienda substancial. No creemos que esa enmienda sea tal. En la primera querella se acusa al recurrente de autor y en la en la enmendada de coautor, pero su responsabilidada es la misma en ambas. El cambio solo se refiere a la forma de ejecucion del delito; pero no a la substancia del delito mismo. la forma de ejecucion es mas bien materia de puebas y no de alegaciones, y los detalles alegados en la querella enmendada pudieron haberse probado bajo la querella original.
"Los solicitantes en este expediente de certiorari, accusados en una querella por assesinto, alegada que el juzgado se excedio de su jurisdiccion y abuso de ela al permitir la enmienda de la querella. En la querella eriginal se alegaba que Bruno Arevalo iba armundo de cortaplumas y Cecilio Erevalo de revolver. En la querella enmendada, que fue admitida, se alega que Bruno Arevalo era el que llevaba el revolver y Cecilio Arevalo el cortapluman.
En opinion, el juzgado no abuso de su discrecion. La enmienda de la querella era meramente de forma. No afecta ni altera la naturaleza del delito, pues, sea Bruno o Cecilio el que haya causado la herida mortal, el delito seria el mismo. Tampoco afecta a la extenxion de la responsabilidad de los solicitantes, toda vez que, alegandose en la querella que ambos acusados conspiraron y se ayudaron el uno otro para cometer el delito, serian resposables en la misma medida, sea uno u otro el que infirio la herida que produjo la muerte del occiso. Es, por tanto una enmienda puramente de forma que no altera sustancialmente la querella no afecta a los derechos de los acusados." (Arevalo y Arevalo contra Nepomuceno, 63 Jur., Fil., 665.)
Ademas, si el juez actuo con infraccion o no del Reglamento fue a lo mas un error de procedimiento, y no un abuso de discrecion, ni exceso o falta de jurisdiccion. Tal error, si lo es en realidad, puede ser corregido en apelacion, despues de dictada sentencia definitiva en primera instancia, y no en una accion de certiorari.
Solamente procede el remedio de certiorari cuando un Tribunal, en el ejercicio de sus funciones judiciales, haya actuado sin jurisdiccion o con exceso de ella o con grave abuso de discrecion y que, en la tramitacion ordinaria, no tiene el recurrente el remedio sencillo y expedito de apelacion (Regla 67, articulo 1). Si por cada erlor cometido por un Juzgado inferior se permitiese corregirlo por medio del recurso de certiorari, los asuntos serian interminables.
Se deniega la solicitud con las costas contra el recurrente.
Moran, Pres., Paras, Bengzon y Padilla, MM., estan conformes.
Separate Opinions
FERIA, J., concurring:chanrob1es virtual 1aw library
I concur in the result for the following reasons:chanrob1es virtual 1aw library
According to section 1, Rule 67, certiorari lies when a tribunal or officer exercising judicial functions has acted without or in excess of its jurisdiction, or with grave abuse of discretion, and there is no appeal nor any plain, speedy, and adequate remedy in the ordinary course of law.
There is no doubt that appeal does not lie against an order of a court admitting or denying the amendment of a complaint or information, because such order is incidental or interlocutory and not final in character, that is, it does not put an end to the ordinary proceedings of the case in court. Interlocutory or incidental order may be impugned as erroneous in the appellate court, when appeal is taken from the Judgment or order of the lower court which is final in character.
The question to determine, therefore, is whether or not the respondent judge acted (a) without or in excess of the courts jurisdiction, or (b) with grave abuse of discretion, m allowing the amendment of the information in this case.
(a) As to the first question, it is a well known rule that a court having jurisdiction over the offense charged and the territory wherein it was committed, has also jurisdiction to decide all questions incidental to the criminal proceeding, such as the sufficiency of a complaint or information, the authority of the fiscal to file or amend an information, or whether the defendant has been previously convicted or in jeopardy of being convicted or acquitted of the offense charged, or is insane. If the decision or resolution on such questions is not in conformity with or against the law, the court would commit an error, but not exceed its jurisdiction. A judge would act in excess of the court’s jurisdiction if he performs or does an act which he has no power or authority to do, in connection with the proceeding over which the court has jurisdiction. But to decide erroneously a question which it is within the court’s jurisdiction to decide, is not acting beyond or in excess of its jurisdiction. To hold otherwise would to be sustain the absurdity that a court acts within its jurisdiction if it decides a case in conformity with the law, and in excess of its jurisdiction if its decision is erroneous or contrary to law.
From the foregoing, it necessarily follows that the decision or order of the respondent judge allowing the amendment of the information after the defendant petitioner has pleaded would be erroneous if it is an amendment of substance and not of form, but it would not be an act beyond of in excess of the court’s jurisdiction, because the court has power or jurisdiction to decide that question. The respondent judge has not, therefore, acted without or in excess of the court’s jurisdiction in allowing the amendment of the information, however erroneous that resolution may be.
(b) With respect to the second, it goes without saying, for it is of common sense, that if a person has no power to do an act, and therefore no discretion to do or not to do it, it cannot be said that he has acted within, or with grave abuse of, his discretion in doing or not doing it. No one may abuse a thing that he does not have. If the respondent judge has no discretion to act in one way or another, as in the present case, he could nor have acted with grave abuse of discretion, for he can not abuse a discretion which he does not have.
Therefore the question is reduced to whether or not the court has power to allow the amendment in substance of an information father the defendant has pleaded. If it has no power to permit such amendment, it does have discretion to allow it or not because discretion supposes power to do.
Section 13, Rule 106 of the Rules of Court, provides:jgc:chanrobles.com.ph
"SEC. 13. Amendment. — The information or complaint may be amended, in substance or from, without have of court, at any time before the defendant pleads; and thereafter and during the trial as to all matters of from, by leave and the discretion of the court, when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant."cralaw virtua1aw library
According to the above quoted provisions, after the defendant has pleaded, the court has power and discretion to allow the amendment of an information or complaint in matters of from, but not in matters of substance. The court no power to allow amendment in substance it could not have discretion to allow it or not, and hence it could not have acted with grave abuse of discretion, which the court did not have. Therefore, the respondent judge has not acted with grave abuse of discretion in admitting the amendment, even assuming that the amendment is of substance.
Wherefore, certiorari does not lie in the present case, and the petition s denied.
Tuason, J., concurs.
HILADO, J., dissenting:chanrob1es virtual 1aw library
I dissent.
Paragraph 6 of the petition alleges that on May 20, 1946, petitioner was arraigned upon the information first filed by the Provincial Fiscal under date of May 6, 1946. In that original information the act imputed upon the petitioner, and upon him alone was that of having killed one Efrain by shooting with a firearm. After petitioner had thus been arraigned, the Provincial Fiscal presented had thus been information dated June 5, 1946, charging three persons, namely, petitioner Ceferino M. Regala, one Conrado Mañalac and one Wenceslao Cruz with the act of having killed Efrain Brillo by shooting with a firearm, the amended information charging that said three accused conspired, confederated and helped one another in thus killing Efrain Brillo.
Paragraph 5 of the respondent’s answer expressly admits that petitioner had already pleaded not guilty to the original information when the respondent court ordered the discharge of the two defendants Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz. That discharge was so ordered upon the Provincial Fiscal’s motion of June 5, 1946, quoted in paragraph 8 of the petition.
It, therefore, appears that the amendment of the information was made by the Provincial Fiscal and allowed by the respondent court after the defendant court after the defendant (now petitioner) had plead not guilty to the original information.
Was the amendment merely formal, or was it substantial? To charge a person with having alone killed another is not the same as to charge him and two others with the killing. That the first act is substantially — nay, essentially — different from the second is to my mind too obvious to require argument. The first is the act of only one individual while the second is the act of three. The first act, if duly proven, will produce the conviction of only one person; while the second, if duly established, will result in the conviction of three. To say that the act one person is substantially the same as the act of three persons, would virtually be tantamount to saying that one and three are the same. How, then, can the first and the second acts be substantially the same? Consequently, in the amended information petitioner was charged with an act entirely different and distinct from that charged against him in the original information. Hence, the amendment was not merely in form but in substance. The subsequent discharge of the accused Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz could not, of course, alter the principle.
The amendment does not refer merely to the form of execution of the crime. If the one executing were the same person in both cases, then the statement would be correct. But such is not the situation here — Ceferino M. Regala, Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz, the alleged perpetrators of the crime according to the amended information, are not the same as Ceferino M. Regala, the sole offender according to the original information.
To further support their thesis, the majority affirm that the form of execution is rather a matter of evidence than of allegations, and that the details alleged in the amended information could have been proven under the original information. We beg to point out the weakness of the argument: by proving the so-called details under the original information the conviction of the three killers could never have been attained for the simple reason that two of them were not being prosecuted under said original information; while by proving the allegations of the amended information (to test the strength of the argument we must suppose that Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz were not discharged) the conviction of all three defendants would have been secured. This difference between the two hypotheses spells the difference between the original and amended informations, a difference which necessarily involves a substantial change in the charge. The charge under the amended information is no less substantially different from the charge contained in the original information than the difference between three and one. The case of Arevalo and Arevalo v. Nepomuceno (63 Phil., 627), is not in point. There the accused under the original and amended informations were the same two persons, Bruno Arevalo and Cecilio Arevalo, the only difference in the allegations consisting in the detail of which one of them was armed with a penknife and which was armed with a revolver, but in the original information, as well as in the amended one, the accused were the self-same two persons. There it was rightly said that whether Bruno was armed with a penknife and Cecilio with a revolver or vice versa, since they were charged with having conspired and helped each other in the commission of the crime, both could be convicted to the same extent in one or the other case.
In the case at bar, if it had been alleged in the amended information that the accused Regala ordered Conrado Mañalac and Wenceslao Cruz to kill Efrain Brillo and only the said Regala was charged with the crime, it might be contended with stronger with reason that the change was merely in the form of execution. But such is not the case, as already demonstrated above.
Another substantial amendment involved in the change from the original to the amended information is the augmentation of the jeopardy or danger of punishment to which the accused was subjected. Under the original information, in order to convict him, the evidence must establish beyond reasonable doubt that he, by his own direct act, killed the victim. Under the amended information, after proof of conspiracy between him and his two co-accused, he could be convicted as co-author of the crime even without proof of his having personally and directly killed or physically participated in the killing of the victim, if sufficient evidence were adduced proving that the other two or anyone of the other two accused committed the direct act to killing. The amendment which gives rise to this difference of danger of punishment can not in any rational sense be called merely formal.
Neither can I agree with the view of the majority that we are here concerned at most with an error of procedure, and to an abuse of discretion. Neither can I subscribe to the corollary of said proposition, that the is only chargeable by appeal and not through certiorari. That we are dealing with the exercise — according to my theory, with a grave abuse — of the Court’s discretion, is patent from the provision of Rule 106, section 13 which says that after plea and during the trial the information or complaint may be amended as to all matters of from (and may I add, as to matters of from only) by leave and "at the discretion of the court," when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant.
Rule 106, section 13, in proving that after plea and during the trial the information or complaint may be amended "as to all matters of form," by leave and at the discretion of the court, when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant, necessarily denies all power and discretion to the court, at that stage of the proceedings, to allow any amendment in substance.
The present Chief Justice of this court, in his Commentaries on the Rules of Court (Vol. II, ed., p. 389), in part says:jgc:chanrobles.com.ph
"Under this section, the amendment of the complaint or information, either in substance or in form, is as to the plaintiff, practically a matter of right, if made before the defendant pleads; thereafter, amendments are at the discretion of the court and then only as to matters of form. . . ." (Emphasis supplied.)
This leads to the conclusion that the respondent court acted with grave abuse of his discretion in allowing the amendment in question.
And I of opinion, with all due respect to the majority, that this action of the lower court may and should be corrected by certiorari.
But it is said that appeal was the proper remedy. I understand this to mean that the accused, now petitioner, should go into trial under the amended information, await judgment and, if convicted, appeal therefrom, and only upon such appeal should he be allowed to complain against the error which, to may mind, was palpably committed by three respondent court. Supposing that upon that appeal it should be decided that the error was really committed by the trial court. What then would the appellate court do? To correct the error, it must declare that the amended information was erroneously admitted; and that the trial court had gravely abuse its discretion in so admitting said pleading. In such a case the amended information with necessarily be held illegally admitted; and I can not see how the appellate court can then avoid declaring invalid all the proceedings had thereunder, and to which the accused will have been so injuriously subjected.
The error under consideration is of such nature by reason of its incidence, that, if it should be declare to have been committed, all the proceedings had under the amended information would have to be annulled and the case would need a re-trial. Such an error should, I think, be distinguished from an error corigible upon appeal without need of annulling the proceedings in the court below and remanding the case for re-trial. The first kind of error strikes at the very foundation of the proceedings below, while the second merely concerns details of such proceedings. In the first, appeal will far short of being a speedy and adequate remedy; in the second, it will not. It is in cases of the first class only where I think certiorari is the proper remedy. All other cases would fall under the second class, and we can safety say they constitute by far the greater number.
We must remember that this is not a civil case — it is a criminal prosecution for murder, during the progress and pendency of which — it may well last over one year — the accused, who is presumed to be innocent until validly convicted, will be subjected to the moral and nervous torture incident to the nature of the case, and even his personal liberty may be adversely affected if he be denied bail.
In view of the foregoing considerations, I submit that appeal would fall far short of being a speedy and adequate remedy for this petitioner.
If the amended information is held to be invalid for having been erroneously admitted, there should be no fear that this accused would go unpunished without trial. In such a case the amended information being invalid, the original information must be deemed never to have been superseded thereby and, therefore, still stands. The accused should then be prosecuted under the said original information. But if this court should hold that a mistake has been made in charging the proper offense in the original information, then in that case the Court of First Instance should be directed to dismiss the original information and order the filing of a new one charging the proper offense, provided the defendant would not be thereby placed in double jeopardy, pursuant to Rule 106, section 13, second paragraph.
I think petitioner is entitled to the writ of certiorari that he seeks, and that this court should annul the action of the respondent court in admitting the amended information and all proceedings had thereafter with the proper instructions.
Perfecto, J., concurs.
BRIONES, M., disidente:chanrob1es virtual 1aw library
El articulo 13, Regla 106, del Reglamento de los Tribunanales, prescribed lo siguinte:jgc:chanrobles.com.ph
"SEC. 13. Amendment. — The information or complaint may be amended, in substance or form, without leave of court, at any time before the defendant pleads; and thereafter and during the trial as to all matters of form, by leave and at the discretion of the court, when the same can be done without prejudice to the rights of the defendant."cralaw virtua1aw library
x x x
Resulta evident, de lo transcrito, que despues de haber contestado el acusado a la querella, esta no puede enmendarse sustancialmente, en su fondo, sino solo en cuestion de forma, previo permiso del tribunal, y aun ello solamente cuando puedo hacerse sin perjuicio de los derechos del acusado. La cuestion, pues, que tenemos que determinar en le presente caso es (1) si la reforma de la querella, hecha despues de formulada por el acusado la contestacion de "no culable," es o no sustancial; y (2) si dicha reforma puede o no perjudicar los derechos del acusado.
No cabe duda de que la enmienda en cuestion es sustancial, de fondo. Evidentemente el Fiscal reformo la que rella, en el sentido de incluir como acusados a Conrado Mañalac y Wenceslao Cruz v alegando que estos conspiraron con el recurrente, Ceferino Regala, para cometer el delito de asesinato, a fin de pedir inmediatamente el sobreseimiento de la causa contra los nuevos acusadostestigos de cargo contra dicho Regala. Efectivamenete, esto fue lo que hizo el Fiscal, y en consecuencia el juzgado ordeno el sobreseimiento pedid decretando la liberacion de los nuevos acusados y habilitandolos de esta manera para ser testigos de la acusacion.
No es dificil imaginarse la situacion del Fiscal. Sin los nuevos acussados como testigos de cargo, probablemente tuviera un caso muy flojo contra Regala. Esto, por un lado. Por otro, se debe presumir que Conrado Mañalac y Wenceslao Cruz no estarian dispuestos a declarar a favor da la acusacion inciminadonse a si mismo, a menos que fuesen liberados previamente de toda responsabilidad al tenor del articulo 9, Regla 115, del Reglamento de los Tiribunales. De ahi que el Fiscal se haya visto obligado a reformar la querella en el senticado. �Como ha de ser, pues, de mera forma una enmienda que cambia tan radicalmente las posiciones juridicas respectivas del acusado y de la prosecucion?
Que la enmienda es perjudicial a los derechos del recurrente, es cosa que salta a la vista. Por virtud de esa enmienda, que permite al Fiscal amparar a Mañalac y Cruz con la coraza de la inmunidad, el recurrente tiene ahora que encararse con dos testigos que pueden pesar decisivamente en el resultado de la causa contra el.
Se arguye, sin embargo, que el remedio procedente no se al arguye, sin embargo, que el remedio procedente no es el certiorari, sino la apelacion, cuando la causa se termine de modo adverso al acusado. Creo que esto es un error. Es doctrina firmemente establecida que el certiorari procede, aun cuando sea factible la apelacion, cuando esta no ofrece un remedio expedito y adecuado. Tal es el caso que nos ocupa. El abuso de discrecion cometido el tribunal inferior puede afectar y trastornar radicalmente el plan de defensa del acusado; asi que le interesa a este prevenir el dano antes de que ocurra, y esto solamente se puede cogseguir por medio de un recurso rapidio y eficaz como el certiorari. La apelacion seria, a lo mas, un remedio curativo, pero tardio, cuando el dano a los derechos del acusado ya se habria consumado, acaso irreparablemente. Entre ambas terapeutics — la preventiva y la curativa — la primera es indublemente la mejor, no solo en medicina, sino en todos los ordenes de la vida.
Creo, pues que el remedio solicitado debe concederse.
