Philippine Supreme Court Jurisprudence > Year 1947 > May 1947 Decisions > G.R. No. L-463 May 31, 1947 - MARIA VIQUIERA v. PEDRO BARAÑA, ET AL.

078 Phil 486:

En la actuacion especial No. 5487 del Juzgado de Primera Instancia de Bulacan, titulada "Testamentaria del finado Enrique Velasquez, Restituto Reyes y Castor, solicitante," Maria Viquiera pidio la legalizacion de un documento que, segun ella, era el testamento de su difunto esposo Enrique Velasquez. Pedro Baralia, sobrino clel mismo finado y representado por su abogado Sr. Capistrano, presento oposicion. En 25 de marzo de 1941, despues de la vista correspondiente, el Hon. Juez Roldan denego su legalizacion y la viuda Maria Viquiera apelo por medio de su abogado Sr. Restituto C. Reyes para ante este Tribunal y el expediente fue registrado como E~. G. No. 48763. El ultimo dia para la presentacion del alegato de la apelante era el 25 de septiembre de 1942. Con la misma fecha el abogado Sr. Francisco prescnto una mocion alegando que "la apelante Maria Viquiera, por medio del abogado Sr. Restituto Reyes, de Pampanga, ha solicitado sus sercicios en este asunto. El abogado Reyes le informa, que a raiz de esta guerra, una gran parte del pueblo de San Fernando, Pampanga, habia sido arrasada por el fuego; que los expedientes de las causas que tenia a su cargo, entre ellos el del presente asunto, habian sido destruidos, y que, debido a la crisis actual, el ha tenido que aceptar el cargo de Jefe de Policia de San Fernando, Pampanga. Segun el expediente de esta causa que obra en esta Corte, el ultimo dia para la presentacion del alegato en este asunto es hoy, 25 de los corrientes." Y pidio que este Tribunal le concediese treinta dias para estudiar la causa y preparar el alegato correspondiente. Esta peticion fue denegada en 5 de octubre y se sobreseyo la apelacion. El mismo abogado en 14 de octubre presento su peticion de reconsideraciQn alegando que "su mocion fue depositada en la oficina de col reos a eso de las 3.30 de la tarde del dia 26," la cual fue denegada en 23 de octubre porque, segun la resolucion, el sobre lleva el timbre de la oficina de colreos del tenor siguiente. "Sept. 26, 1942, 12:30 p. m." y "no septiembre 26, 1942."cralaw virtua1aw library

Despues de la liberacion y restablecido el Commonwealth, la apelante, por medio del abogado Sr. Natividad, presents una mocion en la que alegaba que el abogado Sr. Francisco, sin el conocimiento ni consentimiento de ella y reclamando haber sido rogado por el Sr. Restituto C. Reyes para gestionar su apelacion, represento a ella por algun tiempo ante este Tribunal; que por su malicia o negligencia el alegato de ella no habia sido presentado dentro del plazo r eglamentario que expiro en 25 de septiembre de 1942; que por tal motivo, se sobreseyo su apelacion en 5 de octubre de 1942 y su mocion de reconsideracion fue denegada el 23 de octubre del mismo año; que como las resoluciones de a y 23 de octubre son nulas en virtud de la proclama del General MacArthur, ella pidio que este Tribunal declarase que no ha perdido aun su derecho de presentar su alegato; que fijase la fecha en que debe comenzar el plazo de su presentacion y que declarase nulas y sin ningun valor las resoluciones de este Tribunal de 5 y 23 de octubre de 1942. En 4 de diciembre de 1945, fue denegada la mocion (pag. 75, exp.) .

Fracasada por tercera vez la peticion, la demandante presento en 18 de diciembre de 1945 en el Juzgado de Primera Instancia de Manila la demanda que dio comienzo a la presente causa con dos motivos de accion y los demandados son los dos coadministradores judiciales de la Testamentaria del finado Enrique Velasquez y el abogado Sr. Francisco. Fundada sobre el primer motivo de accion pide una sentencia que anulase la resolucion del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1942, dictada en la citada Testamentaria, y que declarase que ella no ha perdido aun su derecho de presentar su alegato. Cuanto al segundo motivo cle accion pide una sentencia de P200,000 como daños y perjuicios contra el tercel clemandaclo.

En 7 de enero de 1946 los dos coadminlstradores presentaron una mocion pidiendo el sobl eseimiento de la demanda en lanto al primer motivo de accion, y despues de consideral os informes de las partes, el Hon. Juez Roxas dicto una orden en 22 de enero de 1946 sobreseyendo la demanda en cuanto a los demandados coadministradores Baraña y Villarama. La demandante apelo contra esta orden señalando dos errores que pueden sintetizarse en lo siguiente: si el Juzgado a quo erro o no al sobreseer la demanda sobre el undamento de que un Juzgado de Primera Instancia no ene iurisdiccion para anular una resolucion firme y ejecutoria del Tribunal Supremo que fue obtenida mediante fraude. Los hechos alegados en el primer motivo de accion n los mismos hechos que ya han sido expuestos en las mociones de reconsideracion presentadas por la demandante te este Tribunal cuando pedia que se revocase la orden de breseimiento de la apelacion y que se permitiese a ella presentar su alegato. Estas mociones han sido ya denegadas, mo ya se ha dicho, en 23 de octubre de 1942, 18 de agosto e 1944 en 4 de diciembre de 1945, y es porque, la orden 5 de octubre de 1942 (R. G. No. 48763, pag. 50), sobreseyendo la apelacion, ha quedado firme y ejecutoria en 4 de noviembre de 1942 (pag. 59, exp.) . Este Tribunal no erro denegar la peticion de prorroga despues de expirado el azo porque solamente puede prorrogar un plazo si la peticion, fundada en buena y suficiente causa, se presenta tes de su expiracion. (Articulo 16, Regla 48; Shioji ontra Harvey, 43 Jur. Fil., 348.) Prorrogar un plazo encido no es prorrogar: es conceder otro plazo.

En Manila Railroacl Co. contra Fiscal Genelal (11 Jur. il., 172), la apelante no ha dado traslaclo cle su alegato a la presentacion de Florencia Quijano, con infraccion del articulo 21 del Reglamento de este Tribunal; se sobreseyo la pelacion en lo que se refiel e a la parcela No. 14 de Flol encia uijano. al tenor del articulo 23 del citado Reglamento. Deconformidad con las doctrinas sentadas en las causas de Obispo Catolico Romano de Tuguegarao contra Director de Terrenos (34 Jur. Fil., 661), y Lavitoria contra Juez de Primera Instancia de Tayabas y Director de Terl enos (32 Jur. Fil., 214), no habiendose presentado en tiempo oportuno la pieza de excepciones, se sobreseyo la apelacion. (Cordoba y Zarate contia Alabado, 34 Jul. Fil., 967.) En Liongson contra Gobierno Insular (38 Jur. Fil., 171), este Tribunal sobleseyo la apelacion porque el alegato del apelante no se presento dentro del termino reglamentario. Se sobreseyo la apelacion en las siguientes causas porque no se presento el alegato dentro del termino reglamentario. Pueblo contra Acosta, Resolucion de septiembre 7, 1945; Domingo Vda. de Buhay contra Concepcion, Resolucion de enero 4, 1946; Pueblo contra Lian Kim, Resolucion de marzo 11, 1946; Pueblo conta Belleza, Resolucion de junio 4, 1946; Balan contra Fabila, Resolucion de junio 21, 1946; Pueblo contra Garma, Resolucion de abril 20, 1946; Tan Hing contra Bersabal, Resolucion de mayo 15, 1946; Pueblo contra Mujal, Resolucion de mayo 31, 1946; pueblo contra Soriano, Resolucion de marzo 2, 1946; Reyes contra Perez, Resolucion de junio 4, 1946; Pueblo contra Altabano, Resolucion de septiembre 26, 1946; Pueblo contra Cristobal y Ramos, Resoluciones de junio 12, 1946; Pueblo contra Cabaya Cruz, Resolucion de octubre 16, 1946; Pueblo contra Filarca, Resolucion de agosto 2, 1946.) Y a ninguno de los apelantes se le ocurrio echar la culpa del sobreseimlento de la apelacion al apelado.

La apelante en su mocion de 14 de agosto de 1944 pidiendo la revocacion de la resolucion de este Tribunal de 5 de octubre de 1942 invocaba los articuios 23 y 24 del reglamer.to de la Corte Suprema que ya no estaba en vigor. No se daba cuenta de que el Reglamento de los Tribunales que entro en vigor desde el primero de julio de 1940 dispone que "Extension of time for the filing of briefs will not be allowed accept for good and sufficient cause, and only when the lotion for extension is filed before the expiration of the me sought to be extended." Es improcedente, bajo el eglamento en vigor, la pretension de la demandante: que odia este Tribunal conceder otro plazo aun sin previa eticion de parte.

Es innecesario decir que no hay ningun Juzgado humano ue pueda revocar la resolucion de 5 de octubre de 1942. este mismo Tribunal no tiene facultades para revocarla, espues que haya quedado firme. "Razones poderosisimas irrefutables de orden publico y de ,sana practica en los uzgados, requieren que aun a riesgo de errores ocasionale; sentencias de los Jueces que diriman controversias sometidas a ellos queden firmes en algun tiempo fijado por 3 ley o por una regla de procedimiento reconocida por aquella, de tal manera que despues dc transcurrido dicho ermino esten fuera del control aun del Tribunal que las licto para rectificar erl ores de hecho o de clerecho en que, a juicio del mismo, haya incurrido. El objeto mismo con el cual se han organizado los Tribunales, ha sido para poner ermino a las controversias, decidir las cuestiones sometidas por los litigantes, y determinar los derechos respectivos de as partes. Con pleno conocimiento de que los Tribunales no Son infalibles, los litigantes someten sus respectivas reclamaciones para su resolucion, y tienen derecho a que en lln dia u otro se dicte sentencia definitiva que pueden invocar como el fallo definitivo de las cuestiones sometidas, y saber que el litigio ha llegado a su fin.’Si se permitiera a un Juez vacilante e irresoluto que de esta suerte tenga asuntos siempre bajo su poder para fallarlos y volverlos a fallar en unas sesiones tras otras, dictando sentencia una vez en favor de una de las partes y despues en favor de la otra y cambiar sus conclusiones con la misma libertad y capricho lo mismo que el camaleon cambia de color, entonces los litigios serian mas intolerables que los males que con ellos se han querido remediar.’ Y no habria palabras suficientes conllue describir las consecuencias desastrosas que se seguirian de reconocer tal facultad omnimoda a un Tribunal que tuviera la desgracia de estar presidido por un Juez corrompido y venal, para anular y alteral en algo esencial las sentencias definitivas ya dictadas." (Arnedo conti a Llorente y Liongson, 18 Jur. Fil., 257)

Todo Estado debe tener un Tribunal Supremo que ha de dar fin a los litigios. Ese tribunal de ultima instancia, superior a todos los tribunales dentro de la nacion, es este Tribunal Supremo creado por la ley fundamental: la Constitucion. Si se permitiese que las resoluciones definitivas y firmes de este Tribunal fuesen alteradas, modificadas o revocadas aun por tribunales inferiores habria un circulo sin fin de apelaciones y nunca tendran fin los litigios. El bien de las mismas partes y el interes publico exigen que los asuntos deben ser decididos definitivamente por el mas alto tribunal de la nacion.

"The errors of this court," dijo el Tribunal Supremo de West Virginia en Koonce is. Doolittle, 37 S. E., 614, "in absence of a federal question, are beyond the pale of correction by any human tribunal, as the title of this court indicates, being the supreme court of appeals; the word ’supreme’ meaning ’highest’ in the sense of final or last resort. Here all litigation must end, and, when this court has once finally determined a question, it has no power to reopen it. Its powers are exhausted, and its adjudication, however erroneous, must stand, and be carried into effect by the circuit court. Haymond v. Camden, 37 S. E., 642; Wick v. Dawson, 37 S. E., 639; Rogers v. Rogers, 37 W. Va. 407; 16 S. E., 633; Seabright v. Seabright, 33, W Va., 152; 10 S. E., 266; Sayre’s Adm’r v. Harpold, 33 W. V. Va., 533; 11 S. E., 16; McCoy v. McCoy, ’29 W. Va., 794; 2 S. E., 809; Tracey v. Shumate, 22 W. Va., 457; Corrothers v. Sargent, 20 W. Va., 351; Swinburne v. Dryden, 15 W. Va., 483; Henry v. Davis, 13 w, Va., 230; Newman v. Mollohan, 10 W. Va., 488; Western M. & M. Co. v. Virginia Camel Coal Co., Id., 250."cralaw virtua1aw library

The word ’supreme,’ as used in connection with or in reference to courts, has a well-understood and settled meaning. It is a derivative word, derived from ’super’; the latter signifying ’over, above, beyond.’ See Webster’s International Dictionary. Under the word ’court,’ in the Century Dictionary, it is said that the Supreme Court is ’the designation usually prescribed by law for the highest court the state or nation. . . In the United States the me is usually given to the court having the general appellate jurisdiction over inferior courts and original jurisdiction to supervise the proceedings of inferior court.’ In 18 Am. & Eng. Ency. of Law, on page 38, it is said: ’Supreme Courts are those which possess the highest and controlling jurisdiction.’ The controlling power of the Supreme Court of this state within its functions has been frequently recognized and affirmed by that tribunal. State ex rel. v. Noble, 118 Ind., 350; 21 N. E., 244; 4 L. R. A., 101; 10 Am. St. Rep., 143; Ex parte Griffiths, supra; Branson v. Studebaker, 133 Ind., 147; 33 N. E., 98; Pittsburgh, ., R. Co. v. Peck, 172 Ind., 562; 88 N. E., 939." (Ex parte France, 96 N. E., 515.)

Por otra parte, no hay ninguna alegacion en la demanda por medio de la cual se pueda deducir que los dos coadministradores judiciales de la Testamentaria del finado Enrique Velasquez hayan heeho algo en perjuicio de los derechos la demandante. Toda su culpa se redujo a no hacer nada relacion con la omision de la demandante en presental alegato. Como podian los coadministradores cometer aude si no han hecho nada? Cometer fraude presupone accion, movimiento. Si ella no consiguio presentar su alegato dentro del termino reglamentario fue por culpa suya o de sus agentes, pero no de los dos coadministradores de mandados Si por laomision, desida o negligencia del abogado de un apelante en presentar su alegato se ha de culpar al apelado de fraude entonces seria una desgracia ganar un asunto en primera instancia. Si el abogado Capistrano de estos dos coadministradores habia estado algun tiempo en relacion con el bufete del abogado Francisco, de esto no puede deducirse necesariamente los administradores hayan tenido algo que ver con la omision de la demandante o de su abogado en presentar su alegato. Ni puede deducirse tampoco que entre los dos abogados haya habido connivencia. Los dos coadministradores judiciales ni siquiera han presentado oposicion a la mocion del abogado Sr. Francisco de fecha 25 de septiembre de 1942 pidiendo que se le concediera treinta dias de plazo para tudiar el asunto y presentar el alegato. Solamente prese taron oposicion por medio de su abogado Sr. Capistrano, la mocion de reconsideracion de 14 de octubre de 1942 en que se alegaba que la mocion ha sido depositada en la oficina de correos el 25 de septiembre de 1942. Cuando con fecha 14 de agosto de 1944, la demandante presento un mocion pidiendo permiso para presentar una segunda mocion de reconsideracion, el abogado Sr. Capistrano no habia tenido tiempo de presentar su oposicion razonada como pedia en su escrito de 18 de agosto, porque en mismo dia este Tribunal denego la mocion (pag. 68, exp. .

Los remedios que concede el articulo 1. � de la Regla 5 han sido utilizados por la demandante, sin contar con ]a ultima peticion presentada en 12 de julio de 1945, mas de siete meses despues de quedar firme la orden de sobreseimiento de la apelacion. Todos los recursos legales disponibles ya han sido utilizados por ella. Y ahora, en apelacion, pide que un Juzgado de Primera Instancia revoque la resolucion de este Tribunal. No hay ninguna disposicion legal que autorice a un Juzgado inferior a revocar una resolusion definitiva de un tribunal de superior categoria y menos una resolucion firme y ejecutoria del Tribunal Supremo.

La causa de Anul an contra Aquino y Ortiz (38 Jul .Fil . 29) invocada por la apelante no tiene similitud al caso presente. En aquella, Ana Aquino hija natural de ulla hermana de Ambrosio Aquino, insto el nornbramiento de Norberto Capiña como administrador de los bienes intesta dos de Ambrosio Aquino, y sabiendo ella que Florencianuran era viuda de su tio Ambrosio no lo revelo en el Juzgado; al contrario, hizo creer durante todo el procedimiento que ella era la unica heredera de su difunto tio. Ana Aquino, en connivencia con el administrador Norberto Capiña, obtuvo del Juzgado en 12 de marzo de 1912 una rden en el expediente del intestado, que autorizaba al administrador a entregar todos los bienes de la sucesion a ella. "La mocion del administrador en la cual se fundo el referido auto iba apoyada por la declaracion jurada de Ana Aquino en la cual se consignaba una relacion falsa y enganosa de los supuestos hechos que antes se han indicado." Y la viuda que no habia sido parte en el expediente de intestado no descubrio que se habia dictado tal auto sino solamente en 14 de febrero de 1914. Inmediatamente comparecio en el expediente del intesiado, y pidio que se dejase sin efecto dicho auto y que se le declarase unica heredera de su finado esposo Ambrosio Aquino, quien habia fallecido sin dejar descendientes, ni ascendientes, ni parientes colaterales que tuvieran derecho a participar en dicha sucesion. El Juzgado denego la mocion, fundandose en que habia dictado el auto obtenido fraudulentamente mas de seis meses antes de presentarse la mocion. De acuerdo con el articulo 113 del Codigo de Procedimiento Civil, el Juzgado ya no tenia jurisdiccion para conocer de dicha mocion en que se pedia se dejase sin efecto la orden de entrega de todos los bienes intestados de Ambrosio Aquino a Ana Aquino. De lo relatado se vera que Ana Aquino se valio de maquinaciones engañosas: fraudulentamente hizo creer al Juzgado que era la unica heredera. y consiguio preterir a la verdadera heredera, que es la viuda del finado Ambrosio Aquino. En accion debidamente presentada, la viuda obtuvo lo que legalmente le pertenece. En cambio, los dos coadministradores del intestado del finado Enrique Velasquez no hicieron nada, no engaiiaron al Tribunal Supremo con manifestaciones o escritos falsos. Su actitud fue pasiva. si se declaro desierta la apelacion de la demandante, fue porque el abogado Sr. Francisco no presento su mocion de prorroga dentro del tiempo prescrito. Como ni ella, ni su abogado Sr. Restituto Reyes habian presentado el alel dentro del termino reglamentario — aun sin tener en cuenta la intervencion del abogado Sr. Francisco — este Tribunal hubiera dictado una orden del mismo tenor .No podia obrar de otra manera. (Regla 52, articulo 1, parrafo en relacion con la Regla 58, articulo 1 �.)

Si el abogado Sr. Francisco habia sido suplicado por abogado Sr. Restituto Reyes a presentar el alegato en u lugar y si el abogado Sr. Restituto Reyes estaba autoriza o por la demandante a emplear a otro abogado o no, es cue tion que no resolvemos: tal cuestion debe discutirse cuan o se trate del segundo motivo de accion de la demanda. es la razon por que es innecesario el descarte pedido por l apelante en su mocion de 2 de diciembre de 1946. El uric punto que debe decidirse en la presente apelacion es si lo coadministradores han hecho algo con actos positivos — pa recidos a los empleados por Ana Aquino — para impedir a la demandante a presentar su alegato. Ni siquiera hay alegacion en tal sentido. Lo mas que han hecho fue cruzars de brazos y nada mas. No tienen, pues, aplicacion los precedentes americanos citados por la apelante al caso pa ticular.

Se confirma la orden apelada con las costas contra la ap lante.

Paras, Bengzon, Hontiveros, y Tuason, MM., estan conformes.



PERFECTO, J., concurring:chanrob1es virtual 1aw library

The judicial processes during the Japanese regime ar null and void, as we have explained in our opinions in C Kim Cham v. Valdez Tan Keh and Dizon (75 Phil., 113) Among such judicial processes is included the action taken by the Supreme Court under the Japanese regime, in dismissing the appeal against the denial of the Court of Fir t Instance of Bulacan of the legalization of the will in issue in case No. 5487. We are of opinion that appellant Maria Viquiera is entitled to her day in court on her appeal. But is regrettable that this Supreme Court, on December 4, 1945, denied her the opportunity, by erroneously refusing ,set aside the dismissal of the appeal and of giving t due course, as justice demanded. With said action of this Supreme Court, all doors for legal relief have been definitely closed to Maria Viquiera. Possibly, she may recur to Congress for an appropriate legislative action for her to be heard in her plea to be allowed to proceed with her appeal. Presently, no judicial action can offer her any help. This is the reason why we concur in the result in this case.

We do not agree with some pronouncements in the decision, but we deem it necessary to point to the statements in which the identity between this Court and the Supreme Court Which functioned during the enemy occupacion, is made to appear. There is absolutely no identity between them. The authority of the present Supreme Court is derived from the sovereign Filipino people, while that which functioned during enemy occupation had it from the divine majesty of the Emperor of Japan.