February 1954 - Philippine Supreme Court Decisions/Resolutions
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G.R. No. L-6272 Febrerero 22, 1954 - TOMAS BATA LIANCO v. THE DEPORTATION BOARD
094 Phil 370:
094 Phil 370:
SECOND DIVISION
[G.R. No. L-6272. February 22, 1954.]
TOMAS BATA LIANCO, alias TOMAS BATA, alias TOMAS LU, alias LU HUI, recurrente, contra THE DEPORTATION BOARD, recurrida.
D. Dionisio E. Moya en representacion del recurrente.
El Procurador General Sr. Juan R. Liwag y al Procurador Sr. Felix V. Makasiar, en representacion del recurrido.
SYLLABUS
1. EXTRANJEROS; DEPORTACION; JURISDICCION DE LA JUNTA DE DEPORTACION. — Aunque es cierto que la jurisdiccion de la Junta de Deportacion se limita a casos de deportacion de extranjeros, no basta sin embargo que un extranjero sujeto a deportacion alegue ciudadania filipina para que aquella pierda en el acto jurisdiccion. No es cierto que el extranjero tiene que ser admitidamente extranjero para que la Junta adquiera o retenga jurisdiccion en el caso. No es cierto que los tribunales son los unicos llamados a ver y fallar la cuestion de la ciudadania, porque esta firmemente bien decidido hace mucho tiempo lo contrario. La Junta tiene en primer termino que ver y decidir sobre el hecho que afecta a su propia jurisdiccion. Invocado ese deber de la Junta por el mismo extranjero que se trata de deportar, el no puede quejarse que esta decida la cuestion segun su leal saber y entender. Resuelto por la Junta que tiene jurisdiccion, es obvio que debe proseguir con el caso hasta su terminacion. Si la Junta halla infundados los cargos de indeseabilidad del extranjero, el caso habra terminado totalmente, pero si le halla indeseable, puede apelar contra el fallo, y si la apelacion fracasa, entonces sera el tiempo de considerar si demostrando causa razonable debe haber un juicio ulterior sobre la ciudadania filipina que alega mediante habeas corpus.
2. ID.; ID.; CIUDADANIA FILIPINA. — El extranjero que se trata de deportar alega que su ciudadania filipina esta sostenida por un certificado de nacimiento y por un pasaporte. El pasaporte no ha sido presentado ante la junta de Deportacion. Todo lo que consta es una certificacion del Comisionado de Inmigracion de que obra en sus archivos un pssaporte filipino No. 3139 expedido en Manila el 17 de Abril de 1947 a favor de un Tomas Bata, de Cotabato, Cotabato. La certificacion se ha librado el 21 de Noviembre de 1952 a peticion del abogado del extranjero que se trata de deportar. El certificado de bautismo es de un Tomas Bata nacido en Tabaco, Albay, el 7 de Marzo de 1910, siendo su madre Segunda B. Sra. y de P. N. C." (probablemente respondiendo a Padre No Conocido). No da otros datos. Estos documentos no establecen necesariamente la ciudadania filipina de dicho extranjero, ni siquiera su identidad con la persona o personas alli mencionadas. Juntos y separadamente, los documentos no son bastantes para obligar a la Junta a concluir que dicho extranjero es ciudadano filipino. En un caso semejante se dijo que ni una negativa de dar por ciertas unas declaraciones hechas bajo juramento contra las cuales no se han presentado testimonios derogatorios o contrarios, es motivo bastante para atacar de viciosa una actuacion administrativa.
3. ID.; ID.; EL RECURRENTE DEBE AGOTAR TODAS LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ANTES DE ACUDIR AL TRIBUNAL SUPREMO. — Salvo que la Junta de Deportacion denego su mocion de sobreseimiento en que alegaba ser ciudadano filipino y que la Junta procedera a conocer de los cargos, el extranjero no alega que se le ha privado de oportunidad de probar su ciudadania, o de tener un juicio imparcial, o que se ha cometido abuso de discrecion, o algun acto ilegal o impropio, o algun importante error de derecho. Estando sometido a un procedimiento administrativo extranjero debe de agotar los recursos que alli tiene antes de habeas corpus de los tribunales de justicia.
2. ID.; ID.; CIUDADANIA FILIPINA. — El extranjero que se trata de deportar alega que su ciudadania filipina esta sostenida por un certificado de nacimiento y por un pasaporte. El pasaporte no ha sido presentado ante la junta de Deportacion. Todo lo que consta es una certificacion del Comisionado de Inmigracion de que obra en sus archivos un pssaporte filipino No. 3139 expedido en Manila el 17 de Abril de 1947 a favor de un Tomas Bata, de Cotabato, Cotabato. La certificacion se ha librado el 21 de Noviembre de 1952 a peticion del abogado del extranjero que se trata de deportar. El certificado de bautismo es de un Tomas Bata nacido en Tabaco, Albay, el 7 de Marzo de 1910, siendo su madre Segunda B. Sra. y de P. N. C." (probablemente respondiendo a Padre No Conocido). No da otros datos. Estos documentos no establecen necesariamente la ciudadania filipina de dicho extranjero, ni siquiera su identidad con la persona o personas alli mencionadas. Juntos y separadamente, los documentos no son bastantes para obligar a la Junta a concluir que dicho extranjero es ciudadano filipino. En un caso semejante se dijo que ni una negativa de dar por ciertas unas declaraciones hechas bajo juramento contra las cuales no se han presentado testimonios derogatorios o contrarios, es motivo bastante para atacar de viciosa una actuacion administrativa.
3. ID.; ID.; EL RECURRENTE DEBE AGOTAR TODAS LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS ANTES DE ACUDIR AL TRIBUNAL SUPREMO. — Salvo que la Junta de Deportacion denego su mocion de sobreseimiento en que alegaba ser ciudadano filipino y que la Junta procedera a conocer de los cargos, el extranjero no alega que se le ha privado de oportunidad de probar su ciudadania, o de tener un juicio imparcial, o que se ha cometido abuso de discrecion, o algun acto ilegal o impropio, o algun importante error de derecho. Estando sometido a un procedimiento administrativo extranjero debe de agotar los recursos que alli tiene antes de habeas corpus de los tribunales de justicia.
D E C I S I O N
DIOKNO, J.:
El recurrente Tomas Bata Lianco, alias Tomas Bata, alias Tomas Lu, alias Lu Hui San pide que este Tribunal ordene a la recurrida Junta de Deportacion desista de continuar conociendo de los cargos formulados contra el para su deportacion en el caso No. R-442 de dicha Junta, porque dicha Junta recurrida denego su mocion de sobreseimiento en que alega que es ciudadano filipino, con cuya alegacion el recurrente contiende que la Junta recurrida ha perdido toda jurisdiccion sobre el caso. El recurrente alega que su ciudadania esta sostenida por un certificado de naciemiento y un pasaporte. En los cargos contra el recurrente se alega que este es un subdito de un pais extranjero, o mas exactamente un ciudadano de China, que es un activo comunista y que ha introducido clandestinamente 54 chinos procedentes de Hongkong hacia el 15 de Junio de 1949, por la noche, en Cañacao, Cavite, aparte de otras actividades que igualmente le hacen extranjero indeseable.
El recurso es improcedente por las siguientes razones:chanrob1es virtual 1aw library
Primera. Aunque es cierto que la jurisdiccion de la Junta de Deportacion se limita a casos de deportacion de extranjeros, no basta sin embargo que el recurrente alegue ciudadania filipina para que aquella pierda en el acto la jurisdiccion que tenia sobre su caso de deportacion. No es cierto que el recurrente tiene que ser admitidamente extranjero para que la Junta recurrida adquiera o retenga jurisdiccion en el caso. El recurrente pretende que lostribunales son los unicos llamados a ver y fallar la cuestion de la ciudadania, pero esta firmemente bien decidido hace mucho tiempo lo contrario. La Junta tiene en primer termino que ver y decidir sobre el hecho que afecta a su propia jurisdiccion. Invocado ese deber de la Junta po rel propio recurrente, el no puede quejarse que esta decida la cuestion, seguin su leal saber y entender. Resuelto por la Junta que tiene jurisdiccion, es obvio que debe proseguir con el caso hasta su terminacion. Si la Junta halla infundados los cargos de indeseabilidad del recurrente, el caso habra terminado totalmente, pero si le halla indeseable, puede apelar contra el fallo, y si la apelacion fracasa, entonces sera el tiempo de considerar si demostrando causa razonable debe haber un juicio ulterior sobre la ciudadania filipina que alega mediante habeas corpus.
Es una de los necesidades de la administración de justicia que aun las cuestiones fundamentales se resuelvan de manera ordenada, a pesar de posibles inconveniencias y dilaciones transitorias. El Departamento Legislativo ha prescrito que haya investigación sobre cada caso de deportación y antes de que esta se lleve a efecto. Si habiendo tenido justa oportunidad de demostrar su ciudadania filipina durante esa investigación - y el recurrente no se queja que no la haya tenido, o que se le haya privado de una imparcial audiencia - ha optado por no aprovecharla, esa seria una razón adicional en contra de su recurso.
Segunda. El recurrente alega que su ciudadania filipina esta sostenida por un certificado de nacimiento y por un pasaporte.
El pasaporte no ha sido presentado aqui, ni aparece que haya sido presentado ante la Junta recurrida. Todo lo que aqui consta es una certificación del Comisionado de Inmigración de que tiene en sus archivos un pasaporte filipino No. 3139 expedido en Manila el 17 de Abril de 1947 a favor de un Tomas Bata, de Cotabato, Cotabato.La certificación se ha librado el 21 de Noviembre de 1952 a petición del abogado del recurrente para su presentación a este Tribunal.
El certificado de bautismo es de un Tomas Bata nacido en Tabaco, Albay, el 7 de Marzo de 1910, siendo su madre Segunda B. Sra. y de P. N. C." (probablemente respondiendo a Padre No Conocido). No trae otros datos.
Estos documentos no establecen necesariamente la ciudadania filipina del recurrente, ni siquiera su identidad con la persona o personas alli mencionadas. Juntos y separadamente, los documentos no son bastantes para obligar a la Junta recurrida a concluir que el recurrente es ciudadano filipino.
En un caso semejante se dijo que ni aun la negativa de dar por ciertas unas declaraciones hechas bajo juramento contra las cuales no se han presentado testimonios derogatorios o contrarios, es motivo bastante para atacar de viciosa una actuación administrativa.
Tercera. Estando sometido a un procedimiento administrativo, el recurrente no ha agotado los recursos que alli tiene. Salvo que la Junta recurrida denegó su moci6n de sobreseimiento en que alegaba ser ciudadano filipino y que la Junta procedera a conocer de los cargos, el recurrente no alega que se le ha privado de oportunidad de probar su ciudadania o de tener un juico imparcial o que se ha cometido abuso de discreción, o alg�n acto ilegal o impropio, o alg�n importante error de derecho.
Véanse, entre otras autoridades, Código Administrative Revisado, Art. 69; Orden Ejecutiva No. 398, Enero 5, 1951, 47 Off. Gaz., p. 7; Reglamento de los Tribunales, Regla 67, Art. 2; Laurencio v. Administrador de Aduanas (1916) 35 Jur. Fil., 35, 41-42; U. S. v. Sing Tuck (1904) 194 U. S. 917, 48 L. ed. 917; Low v. U. S. (1908) 208 U. S. 8, 52 L. ed. 369; Kessler v. Strecker (1939) 307 U. S. 22, 83 L. ed. 1084.
Se deniega el recurso, con las costas al recurrente.
Asi se ordena.
Paras, Pres., Pablo, Bengzon, Padilla, Montemayor, Reyes, Jugo, Bautista Angelo, Labrador y Concepcion, MM., estan conformes.
El recurso es improcedente por las siguientes razones:chanrob1es virtual 1aw library
Primera. Aunque es cierto que la jurisdiccion de la Junta de Deportacion se limita a casos de deportacion de extranjeros, no basta sin embargo que el recurrente alegue ciudadania filipina para que aquella pierda en el acto la jurisdiccion que tenia sobre su caso de deportacion. No es cierto que el recurrente tiene que ser admitidamente extranjero para que la Junta recurrida adquiera o retenga jurisdiccion en el caso. El recurrente pretende que lostribunales son los unicos llamados a ver y fallar la cuestion de la ciudadania, pero esta firmemente bien decidido hace mucho tiempo lo contrario. La Junta tiene en primer termino que ver y decidir sobre el hecho que afecta a su propia jurisdiccion. Invocado ese deber de la Junta po rel propio recurrente, el no puede quejarse que esta decida la cuestion, seguin su leal saber y entender. Resuelto por la Junta que tiene jurisdiccion, es obvio que debe proseguir con el caso hasta su terminacion. Si la Junta halla infundados los cargos de indeseabilidad del recurrente, el caso habra terminado totalmente, pero si le halla indeseable, puede apelar contra el fallo, y si la apelacion fracasa, entonces sera el tiempo de considerar si demostrando causa razonable debe haber un juicio ulterior sobre la ciudadania filipina que alega mediante habeas corpus.
Es una de los necesidades de la administración de justicia que aun las cuestiones fundamentales se resuelvan de manera ordenada, a pesar de posibles inconveniencias y dilaciones transitorias. El Departamento Legislativo ha prescrito que haya investigación sobre cada caso de deportación y antes de que esta se lleve a efecto. Si habiendo tenido justa oportunidad de demostrar su ciudadania filipina durante esa investigación - y el recurrente no se queja que no la haya tenido, o que se le haya privado de una imparcial audiencia - ha optado por no aprovecharla, esa seria una razón adicional en contra de su recurso.
Segunda. El recurrente alega que su ciudadania filipina esta sostenida por un certificado de nacimiento y por un pasaporte.
El pasaporte no ha sido presentado aqui, ni aparece que haya sido presentado ante la Junta recurrida. Todo lo que aqui consta es una certificación del Comisionado de Inmigración de que tiene en sus archivos un pasaporte filipino No. 3139 expedido en Manila el 17 de Abril de 1947 a favor de un Tomas Bata, de Cotabato, Cotabato.La certificación se ha librado el 21 de Noviembre de 1952 a petición del abogado del recurrente para su presentación a este Tribunal.
El certificado de bautismo es de un Tomas Bata nacido en Tabaco, Albay, el 7 de Marzo de 1910, siendo su madre Segunda B. Sra. y de P. N. C." (probablemente respondiendo a Padre No Conocido). No trae otros datos.
Estos documentos no establecen necesariamente la ciudadania filipina del recurrente, ni siquiera su identidad con la persona o personas alli mencionadas. Juntos y separadamente, los documentos no son bastantes para obligar a la Junta recurrida a concluir que el recurrente es ciudadano filipino.
En un caso semejante se dijo que ni aun la negativa de dar por ciertas unas declaraciones hechas bajo juramento contra las cuales no se han presentado testimonios derogatorios o contrarios, es motivo bastante para atacar de viciosa una actuación administrativa.
Tercera. Estando sometido a un procedimiento administrativo, el recurrente no ha agotado los recursos que alli tiene. Salvo que la Junta recurrida denegó su moci6n de sobreseimiento en que alegaba ser ciudadano filipino y que la Junta procedera a conocer de los cargos, el recurrente no alega que se le ha privado de oportunidad de probar su ciudadania o de tener un juico imparcial o que se ha cometido abuso de discreción, o alg�n acto ilegal o impropio, o alg�n importante error de derecho.
Véanse, entre otras autoridades, Código Administrative Revisado, Art. 69; Orden Ejecutiva No. 398, Enero 5, 1951, 47 Off. Gaz., p. 7; Reglamento de los Tribunales, Regla 67, Art. 2; Laurencio v. Administrador de Aduanas (1916) 35 Jur. Fil., 35, 41-42; U. S. v. Sing Tuck (1904) 194 U. S. 917, 48 L. ed. 917; Low v. U. S. (1908) 208 U. S. 8, 52 L. ed. 369; Kessler v. Strecker (1939) 307 U. S. 22, 83 L. ed. 1084.
Se deniega el recurso, con las costas al recurrente.
Asi se ordena.
Paras, Pres., Pablo, Bengzon, Padilla, Montemayor, Reyes, Jugo, Bautista Angelo, Labrador y Concepcion, MM., estan conformes.
