Philippine Supreme Court Jurisprudence > Year 1941 > April 1941 Decisions > G.R. No. 47788 April 28, 1941 - DIEGO MARIANO, ET AL. v. EL DIRECTOR DE TERRENOS

072 Phil 101:

No suscitandose en este asunto sino cuestiones legales que se derivan de los fundamentos del demurrer, estimadospor el Juzgado inferior, el Tribunal de Apelaciones ha certificado el presente asunto a esta Superioridad.

Los hechos que dieron origen al asunto, brevemente expuestos, son los siguientes:chanrob1es virtual 1aw library

El 9 de marzo de 1921, Irineo Carlos obtuvo de la Oficina de Terrenos el derecho de arrendar el terreno, al que se refiere su solicitud de arrendamiento No. 1432 (E-135) y situado en Laur, Nueva Ecija, por un periodo de 25 años, siendo una de las condiciones de dicho contrato la de fijar el valor del terreno mencionado cada 10 años. En 1931 se llevo a cabo una investigacion a fin de determinar el valor del terreno en litigio, hallandose, durante la misma, que en el inmueble habia varios ocupantes como homesteaders. Tambien se supo que los apelantes habian solicitado varias porciones del terreno de Irineo Carlos, en las cuales los apelantes habian introducido mejoras, a pesar de la protesta de aquel. Como el terreno en litigio habia sido ya concedido a Irineo Carlos, no se accedio a la peticion de los apelantes, cancelandose asi sus solicitudes. Mas tarde, los apelantes, que son dos de los ocho homesteaders, presentaron una mocion de reconsideracion, la cual fue denegada por el Buro de Terrenos, por lo que interpusieron apelacion para ante el Secretario de Agricultura y Comercio, quien sobreseyo la misma, por haberse presentado despues del plazo fijado por los reglamentos. De ahi que se presentara una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Nueva Ecija, el cual, despues de considerar el demurrer interpuesto por el Directer de Terrenos, la sobreseyo porque los apelantes dejaron de enmendarla. Se dio, pues, curso a esta apelacion.

Estos alegan, en alzada, que el Juzgado inferior erro al estimar el demurrer presentado por el Director de Terrenos, por cuanto que los fundamentos de aquel son insostenibles, puesto que no es cierto que existe defecto de partes ni de que el Juzgado inferior careciera de jurisdiccion sobre la materia del asunto.

Hemos revisado el expediente y hallado que los apelantes no tienen intereses comunes. Ninguno de ellos pretende derecho sobre el terreno reclamado por el otro. Cada uno tiene disttnto derecho de accion contra el Director de Terrenos. Como auiera aue se interesan por distintas porciones del terreno cuestionado, es indudable que las pruebas en apoyo de sus respectivas reclamaciones han de ser distintas. Por lo que cada uno de los apelantes debio de presentar una demanda separada contra el Director de Terrenos, de acuerdo con el articulo 114 del Codigo de Procedimiento Civil.

En cuanto a la falta de jurisdiccion, estamos con el Juzgado inferior en que no la tenia para conocer del asunto. El Director de Terrenos, como uno de los organos del Poder Ejecutivo, es el unico llamado a dirimir los derechos de las partes en un asunto puramente administrativo como el presente. Este Tribunal no puede revisar los actos de dicho funcionario en este respecto, a menos que se alegue exceso de jurisdiccion por parte del mismo, y, en este caso, son menester pruebas claras y convincentes que sostengan la alegacion. En este asunto no existen tales pruebas.

Ademas, segun los mismos apelantes, la jurisdiccion del Director de Terrenos para copocer del presente asunto no se cuestiona y si solamente el ejercicio de la misma. Esto asi, es evidente que el recurso de certiorari no procede. El remedio seria la apelacion. Los apelantes, segun las pruebas, lo han ejercido, si bien se sobreseyo dicha apelacion por haberse presentado despues del plazo reglamentario.

Por todo lo expuesto, procede confirmar, como por la presente confirmados el auto apelado, en todas sus partes, con las costas a los apelantes. Asi se ordena

Imperial, Diaz, Laurel, y Morarl, MM., estan conformes.